Ceuta: soberanía, seguridad y humanidad

He dejado pasar unos días antes de escribir sobre Ceuta, no porque lo ocurrido admita silencio, sino precisamente por lo contrario. Hay momentos en los que la gravedad de los hechos exige pensar antes de hablar. Algunos han pretendido rebajar esa gravedad hasta convertirla en una nota al pie, mientras otros lanzan gritos y exaltaciones de la violencia que abochornan a cualquier persona sensata. Ceuta merece mucho más que este espectáculo.

Vayamos primero a los hechos. Decenas de miles de personas intentaron cruzar la frontera española en apenas unas horas y más de 90 seres humanos perdieron la vida. Detrás de las cifras hay personas: personas que han muerto en el mar, menores abandonados a su suerte, mujeres en situaciones de enorme vulnerabilidad. Pero también hay 83.000 ceutíes que han visto alterada radicalmente su vida cotidiana y que están soportando una presión extraordinaria que provoca una situación insostenible. Reconocer una realidad no obliga a negar la otra. Se puede -y se debe- defender la dignidad de quien sufre y, al mismo tiempo, defender con absoluta firmeza las fronteras de España. De hecho, un Estado serio tiene la obligación de hacer ambas cosas. La humanidad sin orden acaba convertida en impotencia. Y el orden sin humanidad deja de ser civilización. España debería saberlo mejor que nadie: somos el resultado de una civilización que aprendió, a lo largo de siglos, que la ley y la compasión no tienen por qué ser enemigos.

Lo ocurrido en Ceuta no ha sido un episodio migratorio más. Ha sido una invasión que ha puesto en jaque a nuestro país a pesar de que una parte de la izquierda parece empeñada en ignorarlo. Una frontera internacional no puede quedar sometida a que un país vecino decida a su conveniencia ejercer mayor o menor presión sobre ella. Una frontera delimita la soberanía nacional y cuando esa frontera es desbordada de manera masiva, la cuestión deja de ser exclusivamente migratoria y pasa a ser también una cuestión de seguridad, de soberanía y de respeto internacional. Marruecos es, naturalmente, un vecino importante para España y precisamente por eso nuestra relación debe construirse sobre el respeto mutuo, la claridad y la reciprocidad. La buena vecindad no consiste en evitar los problemas, sino en poder hablar de ellos sin miedo. España tiene que respetar y hacerse respetar. Lamentablemente, esto último parece habérsele olvidado hace tiempo a nuestro Gobierno.

Tampoco podemos seguir abordando la inmigración como si cualquier discusión sobre sus límites fuera moralmente sospechosa. Un país tiene derecho a decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones y con arreglo a qué procedimientos, del mismo modo que un individuo tiene derecho a decidir quién entra en su casa y en qué condiciones. Eso no es xenofobia. No es racismo. Se llama soberanía. También se llama sentido común. Las fronteras existen precisamente para que la inmigración pueda ser ordenada, legal y compatible con nuestra capacidad de integración y con nuestras necesidades como país. Que no se nos olvide: no existe un derecho a inmigrar a cualquier país en cualquier momento. Existe el derecho de cada Estado a decidir soberanamente cuántas personas pueden entrar, quiénes, cuándo y bajo qué condiciones. Cualquier otro enfoque resulta peligroso, porque quien equipara automáticamente el control migratorio con la insolidaridad termina haciendo imposible una política migratoria razonable y entrega el debate a los extremos. Y cuando los moderados abandonan un debate, los extremos suelen entrar encantados por la puerta principal.

También es importante preguntarnos cómo es posible que España llegara a una situación de este calado. La Audiencia Nacional ya investiga si existieron avisos previos y si detrás de lo ocurrido hubo algún tipo de acción concertada. Resulta difícil creer que decenas de miles de personas pudieran desplazarse libremente por Marruecos y concentrarse durante días junto a la frontera sin que las autoridades marroquíes tuvieran conocimiento de ello. ¿De verdad nadie sabía nada acerca de esas decenas de miles de personas acumulándose durante días junto a la frontera? ¿No sabía nada Marruecos? Y, puestos a preguntar, ¿tampoco lo sabían nuestros servicios de inteligencia? Un Estado no puede limitarse a reaccionar cuando decenas de miles de personas ya han atravesado su frontera. Necesitamos inteligencia, anticipación, cooperación internacional y capacidad operativa. Las fronteras se protegen antes de que colapsen, no después, cuando ya sólo queda explicar por qué nadie vio venir lo que venía caminando hacia nosotros desde hacía días.

Y después está Ceuta. Durante demasiado tiempo, desde la Península hemos tratado a Ceuta y Melilla como si fueran lugares remotos cuya singularidad sólo recordamos cuando aparece una crisis. No. Ceuta es España y sus ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a la seguridad, a los servicios públicos y a la tranquilidad que quienes viven en Madrid, Sevilla o Barcelona. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de frontera. Por eso me impresionó especialmente ver a miles de ceutíes manifestándose juntos bajo un lema sencillo: «Ceuta no se rinde». No me negará el lector que, en una época empeñada en dividirnos en identidades, Ceuta nos recordó algo bastante más importante: que una comunidad política puede ser mucho más fuerte que sus diferencias. Y que quizá la identidad más resistente sea aquella que no necesita explicarse constantemente porque sabe perfectamente quién es.

Ahora vendrán las discusiones sobre responsabilidades, expulsiones, acogida, menores, recursos y cooperación europea. Habrá que afrontarlas. Pero sería un error convertir a Ceuta únicamente en otro campo de batalla entre Gobierno y oposición, otro episodio de esa interminable guerra española en la que cada tragedia termina convertida en argumento electoral antes incluso de que termine de enfriarse el café. Aquí hay algo bastante más importante en juego. España necesita recuperar una idea que parece haberse vuelto incómoda: el Estado tiene obligaciones: proteger sus fronteras, hacer cumplir la ley, auxiliar a quien está en peligro, proteger a los menores y garantizar la seguridad de sus ciudadanos además de exigir a sus socios y vecinos que cumplan también sus compromisos. Ninguna de estas obligaciones contradice a las demás. El falso dilema entre fronteras abiertas y ausencia de humanidad sólo sirve a quienes viven políticamente de los extremos. Entre ambos existe un espacio enorme llamado responsabilidad. Y ahí debería estar un país serio como España, si tuviera un Gobierno a la altura de las circunstancias.

Europa también debería tomar nota. Ceuta no es únicamente un problema español. Cuando alguien cruza irregularmente la frontera de Ceuta está cruzando la frontera exterior de Europa. La solidaridad europea no puede empezar varios kilómetros después de la frontera, cuando el problema ya ha sido convenientemente exportado. Necesitamos una política migratoria europea que distinga con claridad entre inmigración legal, asilo y entrada irregular; que proteja a quien realmente necesita protección y que devuelva a quien no tiene derecho a permanecer. Sin esa claridad, el sistema terminará perdiendo legitimidad, y cuando un sistema pierde legitimidad, la política suele descubrir demasiado tarde que las sociedades tienen bastante menos paciencia que los parlamentos.

Necesitamos algo todavía más difícil: recuperar la confianza en nosotros mismos. Una nación democrática no debe avergonzarse de tener fronteras, ni de exigir que se respeten sus leyes, ni de afirmar que la solidaridad tiene que ser compatible con el orden. Pero tampoco debería acostumbrarse a contemplar cadáveres en sus playas como si fueran una estadística inevitable. Más de 90 muertos deberían obligarnos a todos -España, Marruecos y Europa- a preguntarnos qué estamos haciendo mal. Porque una frontera segura también salva vidas. Y quizá esta sea una de las paradojas que más nos cuesta aceptar: proteger una frontera no consiste únicamente en impedir que alguien entre; también puede consistir en impedir que alguien termine muerto intentando hacerlo.

Ceuta nos ha mostrado, en pocos días, muchas de nuestras debilidades: falta de previsión, dependencia exterior, improvisación administrativa y un debate público demasiado acostumbrado al griterío. Pero también ha puesto de manifiesto la preocupante incapacidad del Gobierno de España para responder con eficacia cuando sus ciudadanos necesitan un Estado fuerte en situaciones límite: el volcán de La Palma, las inundaciones de Valencia, los accidentes ferroviarios, los devastadores incendios o una crisis como la vivida en Ceuta.

Afortunadamente, Ceuta también nos ha mostrado algo mejor: la serenidad y la unidad de muchos ceutíes en circunstancias extraordinariamente difíciles. Quizá esa sea la única lección que deberíamos conservar cuando desaparezcan las cámaras. Ni ingenuidad ni odio. Ni fronteras inexistentes ni indiferencia ante el sufrimiento. Ley y humanidad. Soberanía y responsabilidad. No debería ser tan difícil.