Opinión · 4 min de lectura
Decreto de vivienda: las prisas de hoy, la inseguridad jurídica de mañana
La urgencia de un problema no convierte automáticamente en urgente cualquier medida que se presente para resolverlo.
Almudena SemurEconomistaPublicado originalmente enEl Mundo (se abre en otra pestaña)

La crisis de vivienda constituye uno de los principales problemas económicos y sociales de España y exige respuestas urgentes. Pero una cosa es reconocer su gravedad y otra muy distinta considerar que esa urgencia justifica cualquier procedimiento legislativo. Porque las formas también importan, especialmente cuando hablamos de normas que afectan a contratos, derechos de propiedad y decisiones de inversión a largo plazo.
El pasado 2 de octubre, el Pleno del Congreso rechazó uno de los decretos de vivienda del Gobierno por 178 votos frente a 172. Apenas cuatro días después, con las Cortes disueltas, el Ejecutivo aprobó nuevos textos que recuperaban buena parte de las medidas rechazadas. Ahora, a solo 17 días de las elecciones generales, su convalidación corresponde a la Diputación Permanente, un órgano integrado por 69 miembros.
El procedimiento está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional. Pero que algo sea jurídicamente posible no significa que su utilización resulte institucionalmente indiferente. La pregunta es inevitable: ¿qué valor tiene el rechazo del Pleno del Congreso si el Gobierno puede recuperar medidas sustancialmente similares pocos días después y someterlas a una composición parlamentaria diferente?
La política de vivienda necesita seguridad jurídica y medidas capaces de aumentar una oferta que continúa siendo insuficiente. Los últimos acontecimientos añaden una preocupación: no solo importa qué se regula, sino también cómo y cuándo se hace. No se trata de una preocupación meramente teórica. En 2020, el Tribunal Constitucional ya anuló parcialmente otro decreto-ley de vivienda al considerar insuficientemente justificada la urgencia de algunas de sus disposiciones. Un precedente que debería invitar al Gobierno a extremar el rigor cuando recurre a una herramienta legislativa excepcional.
Especialmente significativo resulta el papel del PNV, cuyo apoyo resulta determinante para sacar adelante el primero de los nuevos decretos, pese a reconocer que las medidas constituyen un «parche» que no resuelve el problema estructural de la vivienda. La contradicción es evidente: el apoyo que permite aprobar la reforma procede de un partido que admite que no soluciona lo esencial. Hay que reconocer que la política parlamentaria tiene estas curiosidades: se diagnostica que el remedio es insuficiente y, acto seguido, se facilita su aprobación. El parche sigue siendo un parche, pero parece adquirir otras virtudes cuando llega el momento de contar los votos. ¿Qué ha cambiado realmente, la eficacia de las medidas o las circunstancias parlamentarias?
Naturalmente, apoyar una solución parcial no implica considerarla definitiva. Pero una cosa es aceptar medidas transitorias dentro de una estrategia coherente y otra muy distinta conformarse con que la aritmética parlamentaria sustituya a la explicación económica. El PNV puede tener razones para respaldar el decreto, pero sería conveniente conocer qué resultados concretos espera de unas medidas cuyas limitaciones reconoce. Porque los votos sirven para aprobar normas, no para construir viviendas.
El artículo 86 de la Constitución reserva los decretos-leyes para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Nadie discute la urgencia de actuar sobre la vivienda, pero eso no debería eximir de justificar por qué determinadas medidas requieren esta vía excepcional, especialmente cuando algunas despliegan efectos hasta 2030. La urgencia de un problema no convierte automáticamente en urgente cualquier medida que se presente para resolverlo.
La proximidad electoral introduce, además, un elemento político difícil de ignorar. Tras perder una votación en el Congreso, el Gobierno insiste en sacar adelante medidas sustancialmente similares a pocos días de las urnas. Cuesta no ver en esta decisión un cálculo electoral que antepone la necesidad de exhibir una reforma aprobada a la estabilidad normativa que necesita el mercado. Porque una nueva mayoría parlamentaria podría modificar o derogar estas disposiciones, pero no necesariamente revertir todos los efectos producidos durante su vigencia. Contratos prorrogados, obligaciones adquiridas y decisiones económicas adoptadas bajo una determinada regulación podrían encontrarse después ante reglas diferentes.
¿Es esta la estabilidad que necesita el mercado de la vivienda? ¿Qué incentivos encuentra un propietario para poner su inmueble en alquiler o un promotor para invertir en nuevas viviendas cuando las condiciones regulatorias pueden cambiar en cuestión de semanas?
El Banco de España lleva tiempo advirtiendo de que la insuficiencia de oferta y las dificultades para incrementar la construcción constituyen problemas estructurales. Sin embargo, buena parte del debate sigue concentrándose en intervenir sobre las viviendas existentes. Y conviene recordar una realidad elemental: modificar las condiciones de los contratos puede alterar las relaciones entre propietarios e inquilinos, pero no construye por sí solo una vivienda adicional.
No se trata de negar la necesidad de proteger a los hogares vulnerables. Se trata de reconocer que esa protección debe acompañarse de políticas que faciliten la inversión, movilicen suelo, agilicen licencias y aumenten efectivamente la oferta disponible. La responsabilidad de atender situaciones de vulnerabilidad tampoco debería trasladarse sin más a los propietarios particulares.
La gravedad del problema de la vivienda no concede al Gobierno una carta blanca para legislar mediante procedimientos excepcionales, especialmente cuando el Congreso ya ha rechazado una iniciativa sustancialmente similar. La convalidación podrá resultar formalmente válida, pero deja abiertas preguntas sobre el respeto al control parlamentario, la justificación de la urgencia, la seguridad jurídica y la eficacia de las medidas. La vivienda necesita soluciones duraderas, planificación y reglas previsibles, no una sucesión de decretos cuya continuidad dependa de mayorías circunstanciales.
Porque construir viviendas requiere tiempo, inversión y confianza. Aprobar un decreto puede llevar apenas unos días. Lo preocupante es que las prisas legislativas de hoy terminen convirtiéndose en la inseguridad jurídica de mañana.
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