Maricarmen me da igual

Una ciudad española permanece invadida y colapsada después de que decenas de miles de ciudadanos de una potencia extranjera atravesaran su frontera. En Ceuta, los delitos sexuales han aumentado un 75% y la fiscal jefe habla de casi una agresión sexual diaria. La juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez ha denunciado los presuntos contactos de la trama socialista dedicada a sabotear causas incómodas para el PSOE con un clan del narcotráfico, al que habrían recurrido para amedrentarla. El Tribunal Supremo acaba de suspender cautelarmente el pucherazo electoral que el PSOE había planeado utilizando como vehículo la llamada «ley de nietos». Y esta misma semana hemos conocido que Begoña Gómez se sentará ante un jurado popular acusada de aprovechar su matrimonio con el presidente para, presuntamente, progresar profesionalmente y malversar.

Pero entonces apareció Maricarmen.

Una anciana de 87 años, una camilla y una vivienda en el madrileño barrio de Retiro. El marco narrativo estaba servido; solo faltaba sazonarlo con unas cuantas falsedades. La primera consistió en convertir a la pequeña sociedad limitada propietaria del piso en un siniestro «fondo buitre». Una etiqueta falsa, pero extraordinariamente eficaz, porque la propaganda necesita arquetipos simples: una octogenaria indefensa, unos especuladores desalmados y Ayuso moviendo los hilos desde algún ático. Con el reparto y el guion del melodrama ya cerrado, el Gobierno, sus socios y sus terminales mediáticas envolvieron a Maricarmen en celofán sentimental y la lanzaron contra la presidenta madrileña. En apenas unas horas, la ciudad invadida, las agresiones sexuales, la cloaca, la manipulación del censo y la esposa del presidente desaparecieron detrás de una señora que pagaba unos quinientos euros por una vivienda de noventa metros cuadrados en uno de los mejores barrios de Madrid.

Llámenme de todo, pero me importa bastante poco el desahucio de Maricarmen y todavía menos lo que ustedes opinen de mí por reconocerlo. Solo les diré una cosa: bien desahuciada está. Esta señora ocupaba la vivienda de marras mediante una segunda subrogación de un contrato de renta antigua que llevaba años legalmente extinguido. La propiedad acudió a los tribunales, ganó el pleito y obtuvo una sentencia firme que terminó ejecutándose después de varios aplazamientos. La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto.

Por cierto, la norma en la que se fundamenta el desahucio no nació en los despachos de Génova 13. Es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el último Gobierno de Felipe González. Su disposición transitoria segunda limitó a dos años la duración de determinadas segundas subrogaciones en contratos anteriores a 1985, salvo que el descendiente tuviera una discapacidad igual o superior al 65%, requisito que Maricarmen no cumplía. Y, por si todavía no me han insultado bastante por mostrar mi indiferencia ante la situación de Maricarmen, añadiré que la norma me parece perfectamente razonable. No existe ningún derecho a residir donde a uno le guste o le apetezca. Tampoco un derecho a transmitir de generación en generación un alquiler privilegiado, que obliga al propietario a soportar eternamente un contrato firmado en 1956. Ya está bien de cargar sobre los hombros de los ciudadanos las políticas sociales del Gobierno y de aplaudir la conversión de una propiedad ajena en una herencia familiar del inquilino por la vía de los hechos.

«La propaganda necesitaba una anciana desahuciada por un ‘fondo buitre’ bajo el mandato de Ayuso»

La ley es meridianamente clara, el procedimiento ha respetado todas las garantías y la sentencia es firme. Pero la propaganda necesitaba una anciana desahuciada por un «fondo buitre» bajo el mandato de Ayuso, así que sacrificó los hechos para fabricar la cortina de humo que necesitaba. Y, como tantas otras veces durante estos ocho años de Gobierno socialista, buena parte de los españoles ha abierto bien la boca para no desperdiciar ni una gota del orín propagandístico de Moncloa.

Maricarmen es a la vivienda lo que Juana Rivas o María Sevilla fueron a las «madres protectoras» y la Manada a los delitos sexuales: un catalizador social cuidadosamente seleccionado para convertir un caso particular en una causa general, sustituir los hechos por un relato y dividir a la sociedad entre verdugos y víctimas. No importa la verdad, solo la narrativa.

Confieso que ha sido fascinante contemplar a los tentáculos mediáticos del socialismo propagar al unísono el correspondiente relato lacrimógeno de mierda. Presentadores compungidos, tertulianos al borde del llanto, artistas acampados y ministros descubriendo súbitamente que en España se producen desahucios. Qué patético, oiga.

Eso sí, como experimento social, el caso resulta extraordinariamente útil para confirmar la terrible infantilización de la sociedad española. Ya no somos ciudadanos capaces de ponderar derechos enfrentados, sino niños sometidos a estímulos sentimentales audiovisuales. Si vemos una anciana en camilla, alguien tiene que ser malvado. Si el propietario es una sociedad mercantil, ya tenemos al villano. Y si aparece un político prometiendo que una ley o una subvención evite que todo esto vuelva a suceder, le entregamos nuestro monedero y encima le damos las gracias.

«¿Y el derecho del joven que madruga, produce y paga? Ese puede compartir piso hasta los cuarenta, marcharse a cincuenta kilómetros de su trabajo o renunciar a formar una familia»

En un país donde los millones de jóvenes que trabajan, pagan impuestos y sostienen con sus cotizaciones las pensiones de personas como Maricarmen no pueden comprar ni alquilar una vivienda en el extrarradio de una gran ciudad, la izquierda —y, para sorpresa de nadie, algunos sectores falangistas de la derecha— se moviliza para garantizar el presunto derecho de una señora a seguir residiendo por cuatro duros en una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid.

¿Y el derecho del joven que madruga, produce y paga? Ese puede compartir piso hasta los cuarenta, marcharse a cincuenta kilómetros de su trabajo o renunciar a formar una familia. Su desgracia no sirve para organizar manifestaciones, pero sí para agitar el miedo al advenimiento de la ultraderecha.

El Gobierno no solo ha encontrado en Maricarmen una cortina de humo providencial, sino también algo más: un ensayo general. Cuando pierdan el poder, movilizarán la calle, fabricarán víctimas con culpables identificables en quienes hayan llegado a Moncloa y convertirán cualquier suceso en terrorismo fascista. Maricarmen no es solo propaganda para tapar una semana insoportable: es un aviso de la agitación que viene.

Así que pueden llamarme insensible, neoliberal, fascista o cualquier otra palabra que encuentren en el catálogo para adultos descerebrados. Pero no pienso fingir que me siento concernida por la situación de Maricarmen porque, la verdad, no me concierne en absoluto. Y a quienes pretenden que los jóvenes sin casa financien semejante privilegio mientras les sermonean sobre solidaridad señores con las cuentas corrientes abultadas, solo me queda decirles una cosa: métanse el chantajito emocional por donde la espalda pierde su nombre.